Estados Unidos determina que persisten las violaciones a derechos humanos en Nicaragua
El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un extenso y contundente informe en donde documenta todas las violaciones a los derechos humanos de nicaragüenses, contenidas en varios puntos focales entre los que destacan la Privación arbitraria de la vida y otros asesinatos ilegales o por motivos políticos, las desapariciones, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias, negación del juicio público justo, entre otros no menos importantes.
El documento resalta que Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario dominado por el Presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana. El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral.
El documento además aborda sobre las ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el gobierno o sus agentes; desapariciones forzadas por fuerzas de parapolicía; tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias carcelario y parapolicías; duras y potencialmente mortales condiciones carcelarias; detenciones arbitrarias por parte de la policía y la parapolicía; presos políticos y detenidos; represalias políticamente motivadas contra individuos ubicados fuera del país; una grave falta de independencia del poder judicial; e interferencia arbitraria e ilegal con la privacidad.
“Existen serias restricciones a la libertad de expresión y a la prensa, incluidas las amenazas de violencia, censura y difamación penal; y una injerencia sustancial en los derechos de reunión pacífica y libertad sindical, así como severas restricciones a la libertad religiosa, incluidos los ataques a la Iglesia Católica Romana y a los funcionarios de la iglesia”, destaca literalmente el informe.
Sobre las oenegés, el Departamento de Estado, aseguró que el gobierno de Ortega continuó bloqueando a nueve organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, de recuperar su estatus legal y retuvo ilegalmente sus activos, impidiéndoles operar; durante el año despojó a una organización no gubernamental más de su estatus legal. Las restricciones gubernamentales a las libertades de expresión, asociación y reunión impedían cualquier elección significativa en las elecciones.
“Desde 2008 se han considerado empañadas por fraude e irregularidades las elecciones para las autoridades municipales, así como para los representantes del presidente y vicepresidente y de la Asamblea Nacional. Hubo corrupción generalizada; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra las mujeres; trata de personas; discriminación y violencia contra las minorías étnicas y las comunidades indígenas; amenazas y ataques contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales; y el trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial”, destaco el documento.
