abril 25, 2024

Departamento de Estado de los Estados Unidos sanciona a 23 jueces y fiscales nicaragüenses por participar en violaciones a los derechos humanos

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Informe al Congreso sobre personas extranjeras que han participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de conformidad con la Sección 353 (b) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2021.

El Presidente firmó la Ley de Refuerzo de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER), agregando a Nicaragua a los países dentro del alcance de la Sección 353. El 21 de junio de 2021, el Presidente delegó su autoridad bajo la Sección 353 al Secretario de Estado.

Este informe incluye a las personas que el Secretario ha determinado que han participado en la actividad pertinente sobre la base de información creíble o denuncias de la conducta en cuestión, de informes de los medios de comunicación y otras fuentes. El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Departamento también sigue examinando activamente información y denuncias adicionales fidedignas relativas a la corrupción o las actividades antidemocráticas y utilizando todas las autoridades aplicables, según proceda, para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue refugio seguro en los Estados Unidos.

Funcionarios de Ortega sancionados

Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

Erick Ramón Laguna Averruz, un juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos de activistas de la oposición Alexis Peralta y el campesino sin filiación política Santos Camilo Bellorin.

Perla de los Ángeles Baca, fiscal jefe del departamento de Chinandega, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer su discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos a fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

Rosa Velia Baca Cardoza, una jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado del activista opositor Donald Alvarenga.

Carlos Rafael Espinoza Castilla, un fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discreción procesal para presentar cargos falsos a fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

Irma Oralya Laguna Cruz, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio falso de la activista de la oposición Evelyn Pinto.

Luis Alberto Mena Gámez, fiscal en Nueva Segovia, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando ejerció la discrecionalidad procesal para llevar el caso del régimen contra el preso político Douglas Cerros y persiguió cargos espurios, condenas y sentencias severas contra ciudadanos particulares que critican al gobierno. .

Luden Martín Quiroz García, un juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocracia por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos del líder de la oposición Ana Margarita Vijil, el periodista Miguel Mendoza, el excanciller Mauricio Díaz, la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, el opositor Pedro Joaquín Chamorro, los empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes; y ex asambleísta María Fernanda Flores.

Melvin Leopoldo Vargas García, juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder a favor de la democracia por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado de la activista opositora Samantha Jiron.

Ángel Jancarlos Fernández González, juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos de privados los líderes del sector Luis Rivas, Michael Healy y Álvaro Vargas; la exlíder sandinista Dora María Téllez; los líderes opositores José Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco.

Nancy Del Carmen Aguirre Gudiel, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado del activista opositor Irving Larios.

Jorge Luis Arias Jarquín, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

William Irving Howard López, un juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio falso de la activista de la oposición Nidia Barbosa.

Martha Ileana Morales Mendoza, fiscal y directora de Planificación de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

María Francis Pérez Mojica, fiscal en Nueva Segovia, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando dirigió el caso del régimen contra el activista prodemocrático y preso político Donald Alvarenga y presentó cargos falsos, condenas y sentencias severas contra los opositores prodemocracia del régimen.

Verónica Fiallos Moncada, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado de Douglas Cerros, un ciudadano sin afiliación política.

El juez Félix Ernesto Salmerón Moreno socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos de los ex candidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Medardo Mairena; los líderes cívicos Pedro Mena, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Quintanilla Hernández, Roger Reyes; y el líder empresarial José Adán Aguerri.

Rolando Salvador Sanarrusia Munguia, juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocracia por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado de Yoel Ibzan.

 

 

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